España propone importantes reformas de la ley del juego para 2026
España ha comenzado a aplicar grandes cambios en su regulación del juego por primera vez en más de 15 años.
La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) está llevando a cabo una consulta pública sobre las propuestas de modificación de la Ley de Regulación del Juego.
La DGOJ busca modernizar el juego online y crear normas que refuercen la protección personal de los jugadores.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció la consulta, que permanecerá abierta hasta el 22 de junio de 2026.
Durante este periodo, usuarios, jugadores, investigadores y operadores de juego podrán enviar sus opiniones y sugerencias sobre las reformas propuestas antes de que el Gobierno avance con su aplicación.

Tabla de contenido
España pone el foco en la publicidad del juego y las promociones con influencers
La reforma propuesta de la legislación del juego girará en gran parte en torno a la publicidad.
El gobierno español quiere introducir normas más estrictas sobre cómo los casinos online y las empresas de apuestas anuncian sus productos.
La DGOJ está evaluando nuevas limitaciones sobre el uso de famosos e influencers en la publicidad del juego.
Las autoridades consideran que la influencia de estas figuras puede afectar a menores y personas vulnerables, especialmente a través de redes sociales, que cada vez se utilizan más para promocionar el juego.
Las reformas propuestas buscan imponer reglas más estrictas sobre la captación de clientes, incluidos los bonos de bienvenida y otras ofertas diseñadas para atraer a nuevos jugadores.
Además, la publicidad en buscadores es otro punto central.
Las reformas permitirían mostrar anuncios relacionados con el juego solo cuando una persona busque palabras clave o conceptos directamente vinculados con apuestas o actividades de juego.
Las autoridades creen que esta medida ayudaría a limitar la exposición involuntaria de los usuarios a publicidad del juego y ofrecería cierta protección a menores y otros colectivos de riesgo en internet.
Todos estos posibles cambios forman parte de una iniciativa más amplia de los reguladores españoles para reducir la publicidad del juego y promover hábitos de juego responsable.

Una nueva herramienta de IA podría detectar antes el juego problemático
España está invirtiendo de forma importante en mejoras tecnológicas para proteger a los jugadores.
El Ministerio de Consumo está desarrollando una herramienta de inteligencia artificial para detectar de forma temprana conductas de riesgo mediante datos de actividad de juego.
El sistema de IA apoya las investigaciones de la DGOJ sobre el mercado del juego y ofrece datos reales de actividad para identificar señales asociadas al juego problemático.
Los responsables del ministerio creen que el sistema de IA podría mejorar la detección de jugadores con problemas en aproximadamente un 10 % frente al sistema actual.
El objetivo es que este tipo de tecnología sea utilizada por todos los operadores con licencia, creando un método único de seguimiento en todo el mercado español del juego online.
A medida que las herramientas de IA ganan interés en la industria del juego, algunos actores del sector han planteado dudas sobre su aplicación.
Otros también han expresado preocupaciones sobre su uso continuado.
También existen inquietudes sobre la protección del consumidor en relación con los datos de juego generados por los algoritmos.
A pesar de estas cuestiones, el Gobierno español sigue presentando el proyecto y la tecnología asociada como un avance clave para el juego responsable.
Al mismo tiempo, los reguladores quieren que los anuncios de juego incluyan advertencias de estilo sanitario, similares a las que aparecen en los paquetes de tabaco.
Estas advertencias explicarían los riesgos financieros del juego, con posibles mensajes indicando que el 75 % de los jugadores pierde dinero.

Se anuncia financiación para estudios sobre el juego
Además de los cambios legales, el Ministerio de Consumo de España ha anunciado un nuevo programa de ayudas de 950.620 € para financiar proyectos de investigación relacionados con el juego.
Esta iniciativa será gestionada por la DGOJ y ayudará a financiar estudios académicos sobre prevención, salud e impacto social del juego.
Universidades, proveedores sanitarios, centros de investigación y organizaciones públicas y privadas centradas en el juego podrán solicitar estas ayudas.
Según la comunicación ministerial, todos los estudios apoyados por estas subvenciones deberán comenzar después del inicio del proyecto, previsto para el 1 de enero de 2026, y finalizar antes del 30 de junio de 2027.
Se han identificado áreas prioritarias de financiación, con un fuerte enfoque en comprender y reducir los daños relacionados con el juego.
Estas incluyen evaluar conductas de juego de riesgo mediante la recopilación temprana de datos y trabajos censales, analizar los efectos del juego sobre la salud mental y estudiar el impacto económico del juego y del juego problemático en las personas y en la sociedad.
La financiación también apoyará investigaciones sobre herramientas y estrategias que puedan ayudar a reducir los daños asociados al juego.
España continúa impulsando controles más estrictos sobre el juego
España mantiene una postura activa en la regulación y protección de los consumidores que participan en actividades de juego mediante nuevas propuestas de reforma.
Para las empresas del sector, probablemente habrá nuevas normas sobre restricciones publicitarias y obligaciones de cumplimiento como resultado de estos cambios propuestos.
El Gobierno indica que las reformas buscan crear entornos de juego más seguros para los jugadores.
También pretenden proteger a los usuarios frente al desarrollo de adicciones al juego o conductas perjudiciales relacionadas con esta actividad.
Es probable que estas propuestas generen un amplio debate mientras continúan llegando aportaciones de operadores, investigadores académicos, organizaciones de salud pública y grupos de defensa del consumidor.
Este proceso se desarrollará antes de que se publique la versión final de la legislación en una fase posterior del procedimiento legislativo.

