Tarjetas Aspen de solicitantes de asilo vinculadas a la polémica por apuestas en el Reino Unido
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Clinton Jacob Machoka -
06 Ago 20254 min. de lectura
En los últimos tiempos, se ha intensificado el debate sobre los solicitantes de asilo y el uso que hacen de las tarjetas de pago financiadas por los contribuyentes.
Según nueva información revelada, algunos solicitantes podrían estar utilizando las tarjetas Aspen para apostar, lo que ha desatado una gran controversia en el país.
Líderes locales se han pronunciado en contra de estos hallazgos, sumándose al ya candente debate nacional sobre inmigración, transparencia gubernamental y uso del dinero público.
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Aumento de transacciones en locales de apuestas genera alarma
Informes recientes indican que decenas de solicitantes de asilo estarían utilizando sus tarjetas Aspen —emitidas por el gobierno— en establecimientos estrechamente relacionados con el juego.
Hasta 227 personas usaron sus tarjetas en o cerca de estos lugares en solo una semana a finales de noviembre del año pasado.
También se reportaron 177 casos similares durante la semana de Navidad, un período en el que muchas tiendas están cerradas.
Estas tarjetas están destinadas a personas que no pueden trabajar ni recibir beneficios sociales, y les permiten cubrir necesidades básicas.
La tarjeta utiliza un sistema de chip y PIN para realizar compras. No se puede usar para pagos en línea ni sin contacto, y su uso está restringido a compras esenciales realizadas en persona.
Un representante del Ministerio del Interior declaró que «no es posible apostar directamente con la tarjeta Aspen».
Sin embargo, los datos muestran que se realizaron retiros de efectivo desde cajeros automáticos ubicados en casinos, bares y otros locales donde el juego es común.
Críticos del gobierno advierten que este vacío legal permite que el dinero termine siendo usado de forma indirecta para apuestas, burlando las restricciones impuestas.
Figuras políticas exigen rendición de cuentas
Ante estos hallazgos, autoridades locales y nacionales exigen mayor responsabilidad y transparencia.
Paul Bristow, alcalde conservador de Cambridgeshire y Peterborough, expresó su preocupación por el creciente número de casas de apuestas en su región y el incremento de nuevos residentes.
“Peterborough ha visto un gran aumento tanto en los puntos de juego como en la llegada de hombres en pequeñas embarcaciones. Los fines de semana, es común ver a las mismas personas en estos lugares. No lo ignoremos. No se deben hacer apuestas con dinero del gobierno. Hay que formular preguntas clave.”
Richard Tice, líder adjunto del partido Reform UK, fue aún más crítico con la situación:
“Es un insulto para los contribuyentes británicos que trabajan duro y apenas llegan a fin de mes. Junto con informes sobre trabajo ilegal, da la impresión de que el Ministerio del Interior ha perdido el control sobre la población migrante.”
La indignación crece ante el aumento de cruces en pequeñas embarcaciones
Este escándalo llega en un momento especialmente sensible. Los cruces por el Canal de la Mancha han aumentado un 50 % respecto al año pasado. Solo en la primera mitad de este año, unas 20.000 personas llegaron por mar.
La ira pública también se ha avivado por la política de alojar a decenas de miles de solicitantes de asilo en hoteles distribuidos por todo el país.
Se han registrado protestas en Epping (Essex), Diss (Norfolk) y Canary Wharf (Londres), reflejo del creciente descontento ciudadano.
Muchos residentes consideran que están pagando las consecuencias de un sistema migratorio defectuoso, agravado por una aparente falta de control sobre los fondos públicos.
Reacciones del público ante los hallazgos:
Olivia
«El mal uso de las tarjetas ASPEN para apostar más de 6.500 veces el año pasado es una señal clara de que se necesitan controles más estrictos sobre el gasto social. Mientras el Reino Unido lucha con el aumento de la migración y las tensiones sociales, estos abusos solo alimentan la frustración pública.»
KINGKONG
«¿Dinero del contribuyente convertido en fichas de casino? 80.000 tarjetas y contando, mientras los funcionarios fingen sorpresa. Prepárense para ver cómo intentan tapar este desastre.»
La presencia de bicicletas de reparto de empresas como Deliveroo y Just Eat fuera de los hoteles donde se alojan refugiados ha avivado aún más la polémica.
Esto es especialmente cierto desde que nuevos informes indican que los solicitantes de asilo están ganando dinero extra en la economía gig, a pesar de que no se les permite trabajar.
El Ministerio del Interior endurece medidas contra el trabajo ilegal
Tras las protestas, Yvette Cooper, secretaria del Interior, anunció que el gobierno será más severo con los solicitantes de asilo que trabajen ilegalmente.
Entre las medidas, se contempla mayor vigilancia en hoteles y advertencias a las plataformas de entrega para que no contraten a personas que operan desde estos alojamientos.
No obstante, algunos expertos dudan de la efectividad de estas nuevas reglas.
Emma Brooksbank, abogada de inmigración en Freeths, expresó su preocupación:
“Muchas de estas plataformas de trabajo informal carecen de supervisión”, explicó.
“A diferencia de los empleadores tradicionales, no enfrentan multas de hasta £60.000 por contratar trabajadores ilegales, por lo que tienen pocos incentivos para aplicar controles reales. Estas reglas se pueden eludir fácilmente.”
Brecha creciente entre la política y la realidad
Cada vez más personas muestran preocupación por la diferencia entre las intenciones del gobierno y la realidad en la implementación de políticas.
Las tarjetas Aspen fueron diseñadas para ayudar a los solicitantes a cubrir necesidades básicas como alimentación e higiene, de forma práctica y regulada.
Sin embargo, críticos del sistema denuncian que se están aprovechando fallos en los cajeros automáticos o utilizándolas para fines no previstos, obteniendo beneficios indebidos de la ayuda pública.
Muchas familias británicas se sienten perjudicadas al ver sus impuestos financiar hoteles para solicitantes de asilo, mientras otros expresan rechazo por el supuesto uso del dinero en actividades de juego.
Este nuevo escándalo refuerza la percepción generalizada de que el sistema está fallando.
A pesar de que el gobierno asegura estar endureciendo las normas para recuperar la confianza ciudadana, persiste el debate sobre inmigración, gasto público y prioridades nacionales.
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